La norma permitirá a los pacientes terminales negarse a recibir tratamientos que les produzcan sufrimiento o dolor

La Legislatura de Río Negro sancionó anoche una ley que reconoce el derecho de los pacientes terminales a una "muerte digna" y les permite negarse a recibir tratamientos médicos que consideren desproporcionados respecto de sus expectativas de mejora. Así, se convirtió en el primer distrito del país en tener una norma de este tipo.

La ley, basada en conceptos bioéticos pero a la que se opone la Iglesia Católica, fue avalada por los votos de la mayoría de los diputados, que responden al radicalismo, y entrará en vigor cuando el gobierno provincial la reglamente.

La polémica iniciativa, presentada por la legisladora radical Marta Milesi, había sido aprobada en primera vuelta en julio pasado y ayer resultó ratificada en un segundo debate.

Establece que "toda persona que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos, de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando éstos sean desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y sufrimiento". Los heridos en accidentes que quedasen en la misma situación de los pacientes terminales también son considerados en la flamante norma.

Asimismo, garantiza "que no se interrumpan las medidas tendientes al control y alivio de ese dolor en los últimos instantes de vida", conocidas como cuidados paliativos.

Fuertes debates

Cuando el proyecto fue presentado en la Legislatura rionegrina, generó fuertes debates entre los diputados: algunos la consideraron un paso "progresista" en el reconocimiento de los derechos de cada persona sobre su cuerpo y otros opinaron que se trata de una puerta abierta a la eutanasia.

En rigor, se trata de un tema polémico desde el punto de vista ético, y desde el jurídico la normativa provincial podría llegar a ser cuestionada, ya que roza lo establecido en el artículo 83 del Código Penal de la Nación, que estipula que será reprimido con prisión de uno a cuatro años quien ayudare a otro a cometer suicidio.

No obstante, la ley sancionada anoche en Río Negro protege a los médicos que cumplan con lo ordenado. El texto prevé que "ningún profesional que haya obrado de acuerdo con disposiciones de esta norma estará sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa".

Igualmente, los profesionales podrán negarse a interrumpir los tratamientos de pacientes terminales: la norma incluye una cláusula que admite la "objeción de conciencia", para lo cual cada establecimiento asistencial deberá abrir un registro en el que los médicos dejarán constancia de su posición.

Cabe recordar que tribunales de distintos puntos de la Argentina ya han autorizado la muerte digna en varios casos particulares. Aun así, estas situaciones sólo llegan a la Justicia cuando existe conflicto entre las partes, ya que la mayoría de estas decisiones -que no son habituales- se toma mediante acuerdos entre los médicos y sus pacientes o las familias de éstos, a partir de criterios científicos y morales.

Sin tratamiento

La diputada Milesi (Concertación Ciudadana) había presentado proyectos similares en el Congreso nacional, donde ocupó una banca años atrás. Sin embargo, ni su iniciativa ni otra veintena de borradores en el mismo sentido recibieron tratamiento.

La ley aprobada anoche también prevé que toda persona legalmente capaz pueda expresar, mediante una "Declaración de voluntad anticipada", su consentimiento o rechazo a los tratamientos médicos que pudiera recibir, en previsión de que circunstancias clínicas le impidan expresar su voluntad oportunamente.

Esa declaración, según explicó la autora al presentar el proyecto, busca que se respeten "las instrucciones de una persona sobre la atención y el cuidado de su salud", en el supuesto de situaciones terminales.

En la provincia de Buenos Aires ya funciona un Registro de Actos de Autoprotección. En él aparecen las actas firmadas en escribanías bonaerenses, en las que la gente menciona qué desea hacer en caso de incapacidades futuras.

En otros países, como los Estados Unidos, esta práctica no sólo resulta habitual, sino que está estandarizada.